Abogado Kelvin Sinforiano Martínez Bonilla | Roatán, Honduras | 9 de noviembre de 2026
Imagen destacada: Corte Suprema de Justicia de Honduras. HnLYC, 2022. Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
Las reformas antimaras de 2026 cambian las penas y varias reglas que se aplican desde la captura hasta el cumplimiento de una condena. Para una familia que enfrenta una detención, la pregunta inmediata es qué está ocurriendo y quién puede intervenir. Para un abogado, la respuesta empieza por identificar la conducta atribuida, la norma aplicable y lo que consta en las actuaciones.
La extorsión y la violencia de las estructuras criminales causan daños que el Estado debe atender. Las víctimas necesitan protección y una investigación que llegue a los responsables. Al mismo tiempo, cada actuación de las autoridades debe tener fundamento y cada imputación debe sostenerse con prueba. La presunción de inocencia sigue reconocida en el artículo 89 de la Constitución de la República de Honduras.
He revisado el Decreto 258-2026 en el ejemplar oficial de La Gaceta 37,282. Hay cambios que conviene conocer, especialmente sobre detención, prisión preventiva y la forma de acreditar una supuesta vinculación con estas organizaciones. Explico aquí los puntos que considero más relevantes para comprender una situación concreta y conversar sobre ella con su abogado.
El alcance de las reformas
Este paquete tiene antecedentes. El Decreto 84-2026, publicado el 22 de mayo, reformó disposiciones sobre extorsión y asociación terrorista. El Decreto 208-2026, publicado el 26 de septiembre, estableció un régimen penitenciario más estricto y otras medidas de seguridad.
El Decreto 258-2026 añade cambios al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley del Sistema Penitenciario Nacional. La edición que lo contiene está fechada el 30 de octubre de 2026; el artículo 12 del Decreto 258-2026 dispone la vigencia desde el día de publicación.
Las penas de prisión del artículo 587 del Código Penal van de 30 a 40 años para simples integrantes y de 40 años a perpetuidad para cabecillas, directivos, promotores y financistas. El artículo 588 del Código Penal contempla de 20 a 30 años para colaboración sin pertenencia, con agravaciones en los supuestos que establece. También se prevén multas.
La amplitud de esas penas obliga a precisar qué conducta se atribuye y cuál es la participación que se alega. La situación de una persona señalada como integrante tiene elementos distintos de la de quien es acusado de facilitar un inmueble o un servicio. Esa diferencia debe examinarse en el expediente.
48 horas en el Código Procesal Penal y 24 horas en la Constitución
El artículo 285 del Código Procesal Penal, reformado mediante el Decreto 258-2026, establece 48 horas desde la detención o aprehensión para poner al imputado a la orden del juzgado competente en asociación terrorista, tráfico de drogas, secuestro y extorsión. La norma califica estas investigaciones como complejas.
El artículo 71 de la Constitución de la República de Honduras fija, como regla ordinaria, un máximo de 24 horas para poner a la persona a la orden de la autoridad competente para su juzgamiento. En mi criterio, la ampliación introducida por una ley ordinaria presenta una incompatibilidad directa con ese límite constitucional. La necesidad de investigar debe atenderse dentro del marco que permite la Constitución.
Este punto requiere especial atención del abogado que asume el asunto. Importan la hora de captura, la autoridad que mantiene la custodia y el momento en que la persona queda a la orden del juzgado. Si se invoca un régimen de suspensión de garantías, habrá que comprobar su vigencia y alcance en ese caso. La respuesta depende de actuaciones que deben revisarse, además del texto de la reforma.
Qué debe justificar una resolución de prisión preventiva
El artículo 184 del Código Procesal Penal ordena la prisión preventiva de oficio en los términos previstos por la reforma, a partir de indicios racionales del hecho y de la participación del investigado. El artículo 186 del Código Procesal Penal restringe su revisión para los delitos que señala, aunque conserva una excepción para casos debidamente acreditados.
La cuestión jurídica está en cómo se justifica la privación de libertad mientras se tramita el proceso. La Corte Interamericana abordó la necesidad de un examen individual en López Álvarez vs. Honduras, de 2006, y volvió a examinar la prisión preventiva automática en García Rodríguez y otro vs. México, de 2023.
A mi juicio, una resolución que mantiene a alguien en prisión debe explicar por qué esa medida resulta necesaria en su caso. Los precedentes citados permiten examinar esa justificación y fundamentar las solicitudes que correspondan. La decisión del juzgado debe responder a los hechos del expediente.
Tatuajes, peritajes y prueba de pertenencia
El artículo 587 del Código Penal trata la pertenencia como delito de mera actividad y consumación permanente. La disposición permite acreditarla mediante tatuajes, símbolos o expresiones características, identificados mediante peritaje técnico especializado o matrices de asociación reconocidas por las autoridades competentes.
El trabajo jurídico está en examinar qué acredita la prueba respecto de la persona investigada. Importan el significado atribuido al símbolo, su contexto, el método de identificación y los demás elementos incorporados al expediente. El peritaje debe leerse y evaluarse con ese propósito.
En la colaboración hay una exigencia expresa que merece destacarse: el artículo 588 del Código Penal requiere intencionalidad real y conciencia plena de propiciar un acto antijurídico. Cuando se investiga un alquiler, un traslado o un servicio tecnológico, el conocimiento y la voluntad de la persona forman parte del análisis jurídico.
El artículo 587 del Código Penal también tipifica determinadas conductas relacionadas con expresiones visuales y grafitis alusivos a estas estructuras y les asigna las penas de simples integrantes. Su alcance exige precisar la conducta atribuida y su contexto. Conviene que quien enfrente una imputación por estos hechos obtenga asesoría sobre el caso y los documentos que la sustentan.
El control judicial de los allanamientos
Los artículos 177 y 212 del Código Procesal Penal permiten ingresos urgentes sin autorización judicial previa en operaciones interinstitucionales coordinadas con un fiscal, bajo los supuestos de indicios que describe la norma. La urgencia y sus razones deben poder explicarse y examinarse.
Aquí encuentro una cuestión que merece discusión: los considerandos del Decreto 258-2026 anuncian control judicial posterior, pero los párrafos añadidos a los artículos 177 y 212 del Código Procesal Penal dejan sin desarrollar un plazo y un trámite específico para realizarlo. Para valorar un allanamiento concreto, esas disposiciones deben leerse junto con el resto del Código y las garantías constitucionales.
La redacción conserva la exigencia de orden judicial para las situaciones que describe respecto de delitos políticos, altos funcionarios, cargos de elección popular y quienes hayan cesado en ellos. Ese tratamiento diferenciado también merece examen jurídico.
La condena y el acceso a beneficios
Las reformas afectan tanto las decisiones durante el proceso como el cumplimiento de una condena. El artículo 81 del Código Penal excluye preliberación, libertad condicional y otras medidas que denomina de simplificación procesal para penados por participación en delitos relacionados con asociaciones terroristas.
El artículo 97 de la Constitución de la República de Honduras contempla la privación de libertad a perpetuidad. El análisis de una pena concreta debe atender al delito, la participación acreditada y las reglas temporales aplicables. Las restricciones de beneficios y las condiciones penitenciarias también requieren revisión profesional.
Las reformas son recientes y su aplicación irá dando lugar a criterios judiciales que los abogados debemos seguir. Al estudiar un asunto, considero indispensable revisar la fecha de los hechos, la imputación y las actuaciones ya realizadas. Esos datos permiten determinar qué disposiciones corresponden y qué cuestiones debe resolver el juzgado.
Cuándo conviene hablar con su abogado
Si recibe una citación, es informado de una investigación o un familiar es detenido, procure asistencia jurídica cuanto antes. Su abogado necesita conocer qué ocurrió y qué actuación está pendiente para determinar la intervención que corresponde. Ante una detención, busque asistencia de inmediato.
Las víctimas de extorsión o amenazas también pueden necesitar orientación sobre protección, denuncia y seguimiento de su asunto. La elección de la vía debe considerar sus circunstancias y la información disponible.
La exhibición personal permite reclamar frente a una privación ilegal de libertad y frente a determinados abusos durante la detención. La Ley sobre Justicia Constitucional permite promoverla a la persona afectada o a otra en su nombre, sin poder ni formalidades. Su procedencia debe valorarse desde que se conoce la situación; hay casos que exigen una actuación inmediata.
Si ya cuenta con abogado, converse con él sobre cómo pueden incidir estas reformas en su asunto. Si necesita una consulta, estoy disponible para examinar su situación y explicarle qué pasos pueden corresponder. Atiendo en español e inglés desde Roatán, Islas de la Bahía.
Este artículo ofrece información general sobre las reformas examinadas al 9 de noviembre de 2026. La asesoría y cualquier representación se acuerdan según los hechos, documentos y alcance del asunto.
Fuentes consultadas
Decreto 84-2026. La Gaceta 37,148, 22 de mayo de 2026.
Decreto 208-2026. La Gaceta 37,256, 26 de septiembre de 2026.
Constitución de la República de Honduras. Artículos 71, 89 y 97.
